Un plan pretende que las mujeres ocupen la mitad de cargos públicos

Consuelo Rumí presenta el primer plan de igualdad, que arranca con sólo un 30 por ciento de las empleadas públicas con puestos de responsabilidad directiva

El 50% de las personas que trabajan en el sector público español son mujeres, y sin embargo los cargos directivos los ostentan en un 70% hombres. Son cifras contra las que el Gobierno quiere luchar, por lo que hace una semana aprobó el primer plan para la igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado (AGE), que fue presentado ayer en Almería, por primera vez a nivel nacional, por la secretaria de Estado para la Función Pública, Consuelo Rumí. Se trata de un plan acordado por Gobierno y sindicatos -CC OO, UGT y CSIF- el pasado 26 de enero y aprobado en Consejo de Ministros dos días después y que pretende fomentar la conciliación de la vida laboral y familiar, a la vez que se promueve el acceso de la mujer a cargos de confianza. Rumí lo desgranó ayer en la jornada ‘La igualdad entre mujeres y hombres en las administraciones públicas’, que se celebró en la Subdelegación del Gobierno. Guía a seguir Rumí resaltó que el plan no es un unilateral, sino pactado con los sindicatos. En cuanto a sus características básicas, indicó que “es una guía que establece unos ejes de actuación y unos objetivos, que obliga a todos los ministerios a poner en práctica medidas que tiendan a corregir algunas de las deficiencias existentes”, no en las pruebas de acceso, sino en la carrera profesional, “donde cuesta más que las mujeres lleguen a puestos de más relevancia, donde se toman decisiones”. A esto, unirá medidas que favorezcan la conciliación de la vida profesional y familiar, y al mismo tiempo intentar que “desde las unidades de igualdad que existen en todos los ministerios se adapten esos ejes a cada una de las circunstancias específicas de cada ministerio”. En las jornadas de igualdad, además de Rumí, participaron personalidades como la directora General de la Función Pública, Cristina Pérez-Prat o la delegada para la Igualdad de la Junta, Adela Segura, además de representantes de los sindicatos o del Gobierno Universitario, entre otros.